Ejecución de las autoridades republicanas

Portada de Odiel del 5 de agosto de 1936 dando cuenta de la ejecución pública del gobernador civil republicano en el Parque Moret.

Portada de Odiel del 5 de agosto de 1936 dando cuenta de la ejecución pública del gobernador civil republicano en el Parque Moret. Fuente: Diputación Provincial de Huelva.

El fusilamiento de las autoridades republicanas onubenses da la idea de lo que iba a ser la represión dirigida por el “héroe de La Pañoleta”. Tras un consejo de guerra exprés celebrado en la capital hispalense, el gobernador civil Diego Jiménez Castellano y los tenientes coroneles Alfonso López Vicencio y Julio Orts Flor son condenados a muerte por “rebelión militar” y asesinados el 4 de agosto en el Parque Moret. La ejecución, de la que se publicaron crónicas en la prensa, constituyó un espectáculo público al que incluso asistieron niños. De nada le sirvieron a Jiménez Castellano las peticiones de indulto a su favor de algunas de las llamadas “gentes de orden”, ni el hecho de que salvara la vida a casi doscientos presos derechistas encerrándolos en el barco Ramón el 27 de julio.

El Odiel del 5 de agosto de 1936 recogió, con todo lujo de detalles, los pormenores de la ejecución del Gobernador Civil republicano y de los tenientes coroneles de la Guardia Civil y de los Carabineros detenidos junto a él. El diario relata cómo “después de cumplidas las órdenes rituales, se hizo una descarga y la justicia de los hombres quedó cumplida” y cómo “después de dar el oficial tiro de gracia a los ejecutados” el médico forense certificó su defunción.

Detalles de la ejecución. Odiel, 5 de agosto de 1936. Fuente: Diputación Provincial de Huelva

Detalles de la ejecución. Odiel, 5 de agosto de 1936. Fuente: Diputación Provincial de Huelva

El 11 de agosto le tocó al turno al diputado socialista Juan Gutiérrez Prieto, cuya detención en Palos de la Frontera había sido muy celebrada en los periódicos adictos a la nueva autoridad. De nuevo un consejo de guerra exprés, una condena a muerte por rebelión militar y una ejecución pública cubierta por la prensa en titulares de portada. También fueron condenados a muerte en un consejo de guerra y ejecutados en Sevilla los mineros detenidos en La Pañoleta cuando intentaban dinamitar las posiciones de Queipo el 19 de julio.

Fueron la excepción, puesto que las miles de ejecuciones del verano y el otoño de 1936 se hicieron no con arreglo a la farsa jurídico-militar de los consejos sumarísimos sino por la aplicación del bando de guerra. Esto es, sin causa ni sentencia alguna. La mayoría de las víctimas del bando del 18 de julio nunca fueron inscritas en ningún registro, y las que sí lo fueron se registraron fuera de plazo a partir de marzo de 1937.

En cualquier caso todas fueron enterradas en fosas comunes, bien dentro de cementerios, bien en cunetas, barrancos o –como ocurrió en la cuenca– en pozos de minas. La represión dirigida por Gregorio Haro fue tan indiscriminada que, según cuenta Espinosa en La guerra civil en Huelva, “sólo en dos semanas, la última de agosto y la primera de septiembre, ya con la cuenca minera y la sierra en su poder, fusilaron en toda la provincia a más de mil personas”.

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