José María García Márquez: “Sin los archivos militares sería muy difícil entender y explicar la dinámica represiva de los golpistas y la dictadura”

Los primeros casos que indagó se centraron sobre antiguos militantes de la UGT represaliados, y partir de ahí adquirió el compromiso de realizar una amplia investigación en los archivos militares. Hoy, José María García Márquez es uno de los mejores conocedores del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, antigua Auditoría de Guerra de la II Región Militar, una “auténtica bajada a los infiernos” en palabras del historiador Francisco Espinosa. Los trabajos de José María García Márquez se han centrado en los últimos años en la represión militar franquista en Sevilla y Huelva, y dirigió, con el aval de la Diputación de Huelva, el proyecto de catalogación y digitalización de consejos de guerra referentes a expedientes de la provincia onubense contenidos en ese archivo.

¿Qué le lleva a uno a investigar los archivos del terror?

La necesidad de documentar investigaciones sobre aquel período y la ausencia de otros archivos. Son fuentes fundamentales, aunque sea una documentación de parte. Sin ellas sería muy difícil entender y explicar la mecánica represiva de los golpistas y la dictadura.

Recuerde su primer contacto con el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. ¿Hubo dificultades de acceso? ¿Estaba vedada la investigación?

Cuando yo empecé a trabajar en él no tuve problemas ni con el comandante encargado del archivo ni con el coronel presidente del Tribunal. Previamente, otros compañeros como Manuel Tapada, de Encinasola (que fue el primero), Francisco Espinosa o Manuel Velasco, por citar algunos, habían conseguido consultar dicho archivo por primera vez en toda España.

¿A partir de qué momento o coyuntura histórica comienza a ser más accesible esta documentación militar?

De forma más ordenada y con ciertas facilidades, desde mediados del 2002, aunque previamente, como decía, ya hubo algunos compañeros que tuvieron acceso. La apertura de ese archivo permitió, entre otras cosas, que Francisco Espinosa publicara La justicia de Queipo en el verano del año 2000 (editado por el propio autor), siendo el primer libro en nuestro país que llevaba a cabo una visión de la represión completamente distinta a la que hasta entonces se había descrito. Por primera vez, eran los papeles de los propios represores los que describían la represión que llevaron a cabo.

¿Es el único archivo de este territorio con documentación sobre la represión que sobrevivió a la Transición?

Prácticamente, sí. Los archivos policiales desaparecieron a mediados de los ochenta. De igual forma, los archivos de las comandancias de puesto de la Guardia Civil (que contenían los de las antiguas comandancias militares), también desaparecieron. Cuando digo que desaparecieron, me refiero a que esa es su situación para los investigadores. No descarto que existan. Y en cuanto a los archivos de la Capitanía General, son inexistentes sobre la represión. Solamente se ha conservado una pequeña parte de la documentación del Gobierno Militar de Sevilla, que se custodia en el Archivo Intermedio de la Región Militar Sur. Estos son los más importantes. De otra parte se conservan los archivos de varias prisiones provinciales –no completos– y una parte, pequeña, de los expedientes de incautación y responsabilidades políticas. Los que se tienen más completos son los expedientes de depuración de maestros, funcionarios de correos y telégrafos, ferroviarios y algunos más que están en diferentes archivos nacionales. En cuanto a los archivos municipales presentan una gran disparidad de contenidos en unos y otros en relación a aquel período.

Si los militares aplicaron tanto celo a la hora de borrar las huellas de la represión… ¿cómo ha podido llegar hasta nuestros días la información del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo?

Los militares de nuestro país siempre han sido unos burócratas excepcionales. Han manejado siempre toneladas de papel y nunca han tenido la más mínima preocupación por la conservación de sus documentos, ya que siempre han estado vedados a ojos indiscretos. Todavía hoy permanecen clasificados como secretos infinidad de documentos. Ha habido que esperar al siglo XXI para poder acceder no a los archivos militares, sino a una parte de ellos, los judiciales. Por su parte, los archivos generales militares de Madrid, Ávila, Segovia o Guadalajara, son importantes en diferentes materias, pero en ellos no están los fondos de los Gobiernos Militares ni los de los negociados claves de las Capitanías Generales. En nuestro caso, sobre todo en el suroeste de la península, debe recordarse que la gran represión no se llevó a cabo por procedimientos judiciales, sino por decisiones directas en aplicación de los llamados “bandos de guerra”, eufemismo que recogió las órdenes de asesinato de millares de personas.

La autoridad militar en rebelión se sirvió de fuerzas paramilitares para ejercer la represión y la limpieza política. ¿Qué papel jugaron elementos como la Falange?

La Falange fue un cooperador necesario. A su vez, una organización que se prestó voluntariamente para la represión. Recuérdese, por ejemplo, en Sevilla, las ejecuciones que decidía el delegado de Orden Público las llevó a cabo la Brigadilla de Ejecuciones de Falange durante los dos primeros meses después del golpe. Y conviene precisar que junto a falangistas, actuaron en la represión derechistas de toda condición, y también que la actuación de cada uno fue diversa, según las circunstancias. Hubo ejecutores directos y torturadores, ladrones y saqueadores, junto a millares de delatores y confidentes, y todos ellos junto a burócratas, enchufados y afiliados ordinarios. También muchos patronos y empresarios ayudaron a la represión de sus propios trabajadores.

La Iglesia fue otra institución que se empleó a fondo para que se castigaran los “pecados” de “los rojos”. Sin embargo, cuando se habla de represión no debe olvidarse el papel que desempeñó el Ejército y en especial tres grupos principales: la Guardia Civil y los mercenarios de la Legión y Regulares. Los primeros tuvieron un papel directo decisivo en la represión en los pueblos. Los otros actuaron como auténticas hordas en las ocupaciones de muchas localidades con matanzas enormes. Hasta la fecha, ni falangistas, ni la Iglesia, ni patronos, ni la Guardia Civil ni la Legión, ni nadie, absolutamente nadie, ha pedido perdón por lo que hicieron. Juzgue el lector por qué.

La información que llegan a arrojar los consejos de guerra, con datos personales, descripción de rasgos físicos, las firmas de puño y letra de los procesados (muchos de ellos hoy aún desaparecidos)… todo es espeluznante…

Espeluznante es, obviamente, conocer la maquinaria represiva de las dictaduras por dentro, y no solamente a los procesados, sino también a delatores y acusadores. Pero todo lo que esos millares de procedimientos enseñan es una parte de esa maquinaria y no la decisiva. Con todo, es suficiente para conocer hasta donde llegó la sevicia, la mentira y, sobre todo, la impunidad de los represores y sus colaboradores.

Extracto del informe de un juez instructor de Ayamonte. El lenguaje empleado y los hechos relatados hablan por sí solos. Fuente: Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. cortesía de JM García Márquez.

Extracto del informe de un juez instructor de Ayamonte. El lenguaje empleado y los hechos relatados hablan por sí solos. Fuente: Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. Cortesía de JM García Márquez.

¿Podría recordar alguno o algunos de los casos que le hayan impresionado más?

En un trabajo que hice junto a Francisco Espinosa en el año 2009 (“La Gran Represión”, publicado por la editorial Flor del Viento de Barcelona), ya recogimos varios casos muy explícitos sobre la represión obtenidos del fondo judicial-militar catalogado en Huelva. En alguna ocasión he comentado la impresión que me produjo el asesinato de un joven marinero estonio, Erich Taalberg, por haber dibujado con el dedo, encima de un mostrador de una venta, una hoz y un martillo sobre el agua derramada. He conocido muchas salvajadas, pero ésta saltaba los límites que acompañaron la vesania de los jueces militares.

¿Cuándo y cómo surge el proyecto de digitalizar los consejos de guerra referentes a expedientes de la provincia de Huelva contenidos en ese archivo?

En el año 2006, le manifesté en algunas ocasiones a mi compañero Francisco Espinosa que continuamente acudían al archivo familiares o investigadores de Huelva y siempre se les decía que no había posibilidad de consultar los procedimientos, cuando estaban allí dentro apilados contra una pared. A diferencia de otras provincias, no existía ni siquiera un fichero donde pudiera localizarse la existencia de un procesado o un sumario. Era urgente poder catalogarlos y, sobre todo, digitalizarlos para frenar su deterioro. Espinosa se decidió a hablar sobre el asunto con el entonces presidente de la Diputación, José Cejudo, que apoyó desde el primer momento el proyecto. Por su parte, el Tribunal Militar no puso tampoco impedimento alguno y en cuestión de pocas semanas se comenzó el trabajo de catalogación.

¿Cómo recuerda y cómo definiría esa experiencia?

Debido al estado en que se encontraba la documentación fue muy trabajosa la fase de catalogación, que necesitó bastante más tiempo que la digitalización, pero, en cualquier caso, positivo y enriquecedor. El hecho de examinar todos los procedimientos disponibles de una provincia ayuda de forma importante a conocer la mecánica represiva de los sublevados, que no fue diferente en Ayamonte o Cortegana, en Bonares o en Alájar, aunque siempre haya factores específicos en cada pueblo.

De ese proyecto deriva la exposición “Huelva: La guerra civil en sus documentos”, que recorre municipios de la provincia. ¿Qué podemos encontrar en esa exposición?

Esa exposición es un recorrido documental que evita disertar sobre los hechos mostrando al visitante una serie de documentos que reflejan con fidelidad muchos sucesos, especialmente relativos al golpe y la represión. No es literatura, son los propios documentos de los protagonistas. Y se pretende que el espectador extraiga sus propias conclusiones. La muestra expuesta recoge numerosos papeles de gran valor, que no suelen encontrarse fácilmente en otros depósitos.

Una vez cumplimentada la orden de asesinato por el Comandante Militar, las diligencias originales, donde mediante la calificación de “X-2”, se había decidido la aplicación del Bando de Guerra a un procesado (X-2 era la denominación en clave militar de pena de muerte) eran sustituidas por otras donde se eliminaba a la víctima, desapareciendo todo rastro documental. Fuente: Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. Cortesía de JM García Márquez

Una vez cumplimentada la orden de asesinato por el Comandante Militar, las diligencias originales, donde mediante la calificación de “X-2” se había decidido la aplicación del Bando de Guerra a un procesado (X-2 era la denominación en clave militar de pena de muerte), eran sustituidas por otras donde se eliminaba a la víctima, desapareciendo todo rastro documental. Fuente: Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. Cortesía de JM García Márquez

¿Es difícil aún preguntar a los mayores de los pueblos por lo ocurrido a partir del 18 de julio de 1936?

Son muy pocos los mayores que quedan para preguntarles. Téngase en cuenta que un joven de 18 años en 1936, tendría hoy 96 y habría que contemplar el supuesto de que se encontrara bien de salud para poder responder. Otros, que eran niños entonces, aún viven y en algunos casos es cierto que no es fácil indagar información. La mayoría de las veces por desconocimiento, ya que sus padres, casi siempre por temor o no crear ningún sentimiento vengativo en sus hijos, no transmitieron la información de los hechos, y en otros casos, todavía y aunque parezca mentira, porque piensan que hablar de esas cosas pueda traer problemas.

En la última década ha habido un auge evidente del movimiento memorialista y parece que asistimos a cierto declive. ¿A qué cree que pudiera deberse?

Creo que es obvio. Desde hace unos años, con la excepción de algunas comunidades, se han suprimido muchas ayudas públicas a la investigación o para celebración de actos, jornadas, publicaciones, documentales, etc. Y la razón de ello no es económica. Es claramente política. Gobiernan los herederos de Alianza Popular, aquellos demócratas que terminaron su congreso fundacional con tres mil asistentes puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Un día cambiaron el nombre de Alianza por Partido y crearon el centro. Algunos quieren dar a entender que han perdido la memoria sobre su origen franquista, pero, sobre todo, quieren que la pierdan las víctimas del franquismo. Bastaría que el dinero que se ha empleado en estos últimos años en promocionar o ayudar a los toros se dedicara a algo más digno.

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